Solicitan que la Fiscalía de Estado exija el dinero que le corresponde a Misiones de la Coparticipación Federal

Posadas (Prensa diputado Mariano Díaz). El diputado provincial Mariano Díaz presentó un Proyecto de Resolución en la Legislatura para que la Cámara de Representantes exija la intervención del Fiscal de Estado y que éste reclame el dinero que le corresponde a la provincia de Misiones de la Coparticipación Federal.
El legislador socialista, señaló entre sus fundamentos, que en su discurso del primero de mayo el Gobernador se dirigió a los legisladores y a todo el pueblo misionero y planteó “todos saben, porque es de público conocimiento, que los niveles de ingreso del Estado provincial, son sensiblemente inferiores a los previstos por las Leyes de Presupuesto de la Nación, que luego es tomada como base para la ley de Presupuesto de la Provincia de Misiones. En el primer cuatrimestre de este año recibimos 62 millones de Pesos menos que lo calculado en la Ley de Presupuesto Nacional”.
En este sentido remarcó Díaz “el propio Gobernador manifestó que se está recibiendo menos dinero de lo que corresponde del Presupuesto de la Nación” y agregó “por lo tanto el Fiscal de Estado debería estar ejerciendo su función de defender el patrimonio del fisco, como lo determina el Art 128 de la Constitución Provincial, ante un hecho como este que a las claras es inconstitucional”.
Al respecto Díaz manifestó “no es la primera vez que desde nuestro espacio estamos advirtiendo que año a año la provincia percibe menos de la Coparticipación, y con este proyecto apuntamos a que se cumpla la garantía establecida por el Art 7 de la ley 23.548 de Coparticipación Federal”.
“Ante tal situación la Cámara de Representantes debe actuar en base a lo que establece el Art. 4 de la Constitución Provincial” fundamentó el diputado y añadió “en ningún caso podemos las autoridades provinciales dejar de observar la misma, ni las garantías y derechos que ésta plantea”.
Finalmente el proyecto también establece que el Poder Ejecutivo instruya la realización de los actos necesarios para llevar adelante todas las acciones a fin de que la Nación abone a la Provincia lo que le corresponde de la Coparticipación Federal.

PROYECTO DE RESOLUCION
LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
RESUELVE

PRIMERO: Exigir la intervención del Fiscal de Estado como representante legal de la
Provincia y funcionario responsable de ejercer la función constitucional de la defensa del patrimonio del fisco, establecida en el Art. 128 de la Constitución Provincial.

SEGUNDO: Que el estado Provincial oficie los medios necesarios a efectos de garantizar
que el Estado Nacional abone a la Provincia las sumas que correspondan al
monto resultante de la diferencia entre la garantía establecida en el articulo 7º de la Ley
23.548 de Coparticipación Federal y los valores efectivamente percibidos desde Mayo de
2.002.-

TERCERO: Que el organismo de aplicación, la Comisión Federal de Impuestos
determine el monto a cancelar a la provincia de Misiones en un plazo máximo
de 180 días corridos a partir de la sanción de la presente Ley.


CUARTO: Que el Poder Ejecutivo Provincial instruya la realización de los actos que
resulten necesarios a fin de llevar a cabo el cometido indicado en los artículos anteriores.

QUINTO: Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado Provincial.






FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este proyecto tiene como objetivo el cumplimiento integral de las garan-tías constitucionales de coparticipación federal de impuestos a favor de la provincia de Misiones a través de la percepción del monto resultante de la diferencia entre la garantía establecida en el articulo 7º de la Ley 23.548 y los valores efectivamente percibidos desde el mes de Mayo de 2.002, que le adeuda el estado nacional.

Este manejo discrecional de la coparticipación fue reconocido por el mismo Gobernador de la Provincia de Misiones, en su discurso inaugural de las sesiones de este cuerpo el 1 de Mayo de 2.009 en cuanto a que “Todos saben, porque es de publico conocimiento, que los niveles de ingreso del Estado provincial, son sensiblemente inferiores a los previstos por las Leyes de presupuesto de la Nación, que luego es tomada como base para la ley de Presupuesto de la Provincia de Misiones. En el primer cuatrimestre de este año recibimos 62 millones de Pesos menos que lo calculado en la Ley de Presupuesto Nacional”.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 128 de nuestra Carta Magna, ”… el fiscal de estado es el encargado de defender el patrimonio del fisco y será parte legitima en los juicios contenciosos administrativos y en todos aquellos en que se controviertan los intereses de la Provincia…”
Debemos recordar que al firmar las provincias argentinas en 1.853 la Constitución Nacional, establecieron un Estado Federal y por ende el Federalismo Fiscal , reservándose para ello una serie de tributos destinados a satisfacer sus propias necesidades y favorecer el desarrollo local , sin perjuicio de delegar en el estado federal determinados recursos previstos en el Art. 4 de nuestra ley fundamental . Pero lamentablemente el Gobierno Nacional ha convertido al país central en un país rico con provincias pobres; en tanto el Gobierno Provincial como los diputados provinciales, nacionales y senadores por Misiones han actuado con total complicidad. Y si el fiscal de estado no actúa en defensa de nuestro patrimonio ejerciendo las facultades constitucionales que le competen, también lo será.-
En algunos casos han aumentado los montos coparticipables porque ha sido mayor la recaudación nacional, pero lo que sucedió es que a mayor incremento de fondos ha sido menor el porcentaje coparticipable habiéndose producido una disminución del 34 % al 25%.-
Como legislador provincial es mi deber velar por el cumplimiento de la vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en las Constituciones Nacional y Provincial , ya que de acuerdo a lo establecido en el Art. 4º de nuestra carta magna establece claramente que “…EN NINGUN CASO PODRAN LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA SUSPENDER LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL NI LAS GARANTIAS Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN AMBAS…”.
Es por ello, y en cumplimiento de lo normado en el artículo 101 – Inc. 14) de la Constitución Provincial, esta cámara de representantes debe asegurar y garantizar, mediante la aprobación del presente proyecto, el ejercicio pleno de los derechos sociales de los ciudadanos misioneros, como ser trabajo, salud, educación, protección integral de la familia, la infancia, incapacidad y ancianidad, entre otros, ya que para dar cumplimiento efectivo a estos derechos el estado necesita recursos suficientes . Siendo los fondos coparticipables uno de sus principales recursos, es fundamental que los mismos se reciban en tiempo y forma para evitar profundizar el empobrecimiento al que se ve sometida nuestra población por la reducción arbitraria de los fondos que establece la Norma 23.548.-

El objetivo de este Proyecto no es el reclamo en si mismo, sino el grave hecho de inconstitucionalidad, por lo que es una obligación constitucional, ética y moral exigir a través de nuestra indelegable función como Legisladores Provinciales la devolución de los dineros de la provincia y del pueblo misionero.
Desde la aprobación de la Reforma Constitucional en 1994, por imperativo de la disposición transitoria sexta, los argentinos nos debemos una nueva ley de coparticipación, elaborada sobre los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad. Mientras esperamos que se logren los consensos necesarios para

sancionar la nueva ley de coparticipación federal de impuestos, no debemos olvidar, como ocurre, que sigue vigente en la materia la ley 23.548 sancionada en 1988, prorrogada hasta la actualidad en razón a lo determinado por su artículo 15, que establece una suerte de renovación automática hasta tanto no se apruebe un nuevo régimen sustitutivo.
La ley 23.548 de 1988 sobre Coparticipación Federal de Impuestos regula el régimen de distribución entre la Nación y las Provincias de los Recursos Fiscales. En su artículo 3 establece que la distribución primaria entre Nación y Provincias corresponde de la siguiente manera: Nación: 42.34%, Provincias: 54.66%, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias: 1%, Recupero Nivel relativo de ciertas provincias: 2%.
A partir de la década de 1990 se firmaron diferentes pactos que alteraron la asignación de recursos, en 1992 se establecieron fondos pre-coparticipables, que permiten a la Nación quedarse con un 15% de la masa de recursos antes de la distribución primaria, para asignarlos discrecionalmente. En el año 1993, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento elevó el piso mínimo y dispuso que el excedente de recursos tuviese una proporción destinada a la cancelación de deudas y el financiamiento de la reforma del Estado.
La Constitución reformada en 1994 exigió que el Congreso dicte en un período no mayor a un año una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Sin embargo, más de quince años después no se han logrado los consensos necesarios para formular un acuerdo.
Sin dudas, un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos limitará las medidas discrecionales del poder central y la consecuente conducta, hoy casi natural de los gobernadores provinciales, de mantener acuerdos políticos con el gobierno central para asegurar su apoyo financiero y consecuentemente su gobernabilidad, lo que sin duda debilita a la República, la democracia y el federalismo.
Uno de los pilares centrales del programa económico del gobierno nacional ha sido el sostenimiento de un esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario. Ahora bien, este esquema de solvencia fiscal no significó un cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país y se basó en un diseño fuertemente centralizador de los ingresos fiscales en manos del Poder Central.
En tal sentido, si analizamos la estructura fiscal a nivel nacional, vemos que las retenciones a las exportaciones (con una recaudación estimada para el año 2008 de $24.231 Millones) representan casi el 100% del superávit primario que obtiene el Gobierno Nacional (que está previsto para el 2008 en $ 25.900 Millones, un 3% del PIB). Luego del Impuesto al Valor Agregado, y el Impuesto a las Ganancias, el tercer recurso fiscal en orden de importancia corresponde a estos Derechos de Exportación e Importación (retenciones y aranceles), y como sabemos su coparticipación a las Provincias es de “cero peso, cero centavo”.
También es muy bajo (solo el 14.5%) lo que se distribuye a las provincias por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es el cuarto impuesto nacional en nivel de importancia y su recaudación está prevista par el año 2008 en $ 17.196 Millones.
Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, su coparticipación a las provincias es mínima. Estos son factores que explican en parte la reticencia del gobierno nacional a discutir una reforma del sistema impositivo y del régimen de coparticipación: las retenciones son recursos no coparticipables, y sustituirlas o diseñar un esquema de participación de las provincias, implicaría la resignación de recursos de la Nación a favor de las provincias.
Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos, podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional de ingresos del año 2008, ascendió a 269.375 millones de pesos, de los cuales se coparticiparon a las provincias $ 68.809 Millones, que representan solo el 25,54 %; porcentaje que nos revela la insuficiente participación. Este dato pone en evidencia el patente incumplimiento del artículo 7 de la ley 23.548.
A este esquema de centralización de los recursos, se suma la problemática de la estructura del gasto público, en donde a nivel provincial, los gastos salariales tienen un peso significativamente superior a los de la Nación, hecho que transforma sus presupuestos en más rígidos, y por lo tanto más dependientes del nivel de transferencias del Gobierno Nacional.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el Gobierno Nacional explota a través de transferencias discrecionales a las provincias para paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste logra imponer criterios que limitan la autonomía provincial en el diseño de políticas públicas locales.
En definitiva, todas estas cuestiones centrales en el desenvolvimiento económico de la Nación en lo relativo a los ingresos públicos, evidencian una política signada por un fuerte sesgo hacia la centralidad en la relación de poder entre el Gobierno Federal y las provincias.
Ya vimos que la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos regula el régimen de distribución entre la Nación y las Provincias de los Recursos Fiscales. Claramente, este régimen establece un criterio de distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las provincias en el sentido de incrementar su participación en la masa total coparticipable, en consonancia con las mayores obligaciones en asignación de funciones y prestación de servicios que han venido asumiendo en forma creciente los gobiernos provinciales.
Por supuesto que la ley de coparticipación determina asimismo qué tipo de recursos no se encuentran comprendidos en este régimen y por lo tanto son apropiados totalmente por la Nación (como los derechos de exportación e importación) o son objeto de una distribución específica establecida por otra ley.


Así, el artículo 2º de dicha norma establece como regla que todos los impuestos son coparticipables, con las siguientes excepciones:
“ a) Derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4 de la Constitución Nacional;
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación;
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta Ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución de esta Ley;
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de interés nacional por acuerdo entre la nación y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por Ley del Congreso Nacional con adhesión de las Legislaturas Provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución de esta Ley.
Asimismo considéranse integrantes de la masa distribuible, el producido de los impuestos, existentes o a crearse, que graven la transferencia o el consumo de combustibles, incluso el establecido por la Ley Nº 17.597, en la medida en que su recaudación exceda lo acreditado el Fondo de Combustibles creado por dicha ley”.
Sin embargo, a modo de garantía y con el objeto de que las distribuciones al margen de la ley de coparticipación no desvirtúen el espíritu de la misma, la norma en su artículo 7 determina que:
“El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley.”
Se establece de esta manera un piso en términos porcentuales del monto coparticipado sobre el total de los recursos tributarios recaudados a nivel nacional cualquiera sea la características de estos (coparticipables o no).
Más allá de la discusión jurídica de si determinados pactos fiscales han dejado sin operatividad este artículo, lo cierto es que el mismo no ha sido expresamente derogado y resulta imprescindible su cumplimiento a los efectos de que opere como garantía mínima de asignación de recursos a las provincias frente a la creciente centralización del poder nacional.
Vemos que el incumplimiento de esta garantía ha significado una importantísima resignación de recursos por parte de las provincias a favor del Estado Nacional.
Por todo lo expresado, resulta imprescindible comenzar a revertir esta situación. Sin dudas la solución definitiva pasa por el cumplimiento del mandato constitucional de sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, pero esto no excluye la responsabilidad de este órgano legislativo de velar por el cumplimiento de las normas vigentes.
Por los fundamentos antes expuestos es que solicito el voto afirmativo de mis pares.

EL DIPUTADO MARIANO DIAZ PRESENTO UN PROYECTO PROMOVIENDO SOLUCION AL CONFLICTO DE LOS JUDICIALES MISIONEROS

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

COMUNICA


QUE, vería con agrado:

PRIMERO: Que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios necesarios,
a través del dialogo y la negociación colectiva, para alcanzar una salida al conflicto que se ha desatado en relación a las protestas que llevan adelante los empleados judiciales de Misiones, en reclamo de aumentos salariales y en reprobación a los descuentos de haberes ordenados por el Superior Tribunal de Justicia, por adhesión a los paros del sector.

SEGUNDO: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial y al Superior
Tribunal de Justicia.



FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 establece el derecho “ … de peticionar a las autoridades…” y en el 14 bis dicta “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo…” y nuestra Carta Magna Provincial establece en su artículo 30 “El trabajo es un derecho y un deber de carácter social… y asegurará al trabajador las condiciones económicas, morales y culturales para una existencia digna.” Por estas razones, es un derecho inalienable de los trabajadores el peticionar ante las autoridades correspondientes, ejerciendo manifestaciones y/o reclamos sobre condiciones que, como en este caso, afectan su estabilidad salarial y derechos adquiridos en el marco de la igualdad ante la ley.
Las denuncias públicas realizadas por los mismos exigen el cese de actos que pudieran considerarse discriminatorios en virtud de la aplicación del Decreto 821 del Superior Tribunal de Justicia que otorga un adicional no remunerativo ni bonificable únicamente al personal de mayor rango del Poder Judicial de Misiones. Y que el Poder Ejecutivo agote las instancias de las que dispone para el avance en la conciliación de las partes.
Asimismo, los reclamos de aumentos salariales acordes al costo de vida y a la grilla salarial son legítimos en tanto responde a la negociación colectiva que viene llevando adelante la Federación Judicial Argentina de la cual forma parte la Unión Judicial de Misiones.
El ejercicio de un derecho constitucional como el de peticionar ante las autoridades por un salario digno no debiera ser sancionado con descuentos que en lugar de solucionar los conflictos profundizan aún más las diferencias entre trabajadores y empleadores.
La paz social proviene de la justicia aplicada en términos de distribución de la riqueza y del cumplimiento de las leyes vigentes que en lo salarial se sustenta con incrementos reales al básico y no con adicionales en negro que de manera discrecional se aplican en función de los acuerdos coyunturales con la patronal.
Por todo lo expresado, solicito la aprobación de mis pares del presente proyecto.-

Ante el Discurso del Gobernador en la apertura de las Sesiones Ordinarias el Diputado Mariano Díaz realizó un análisis del mismo.

Esperé el discurso no como la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara, sino pensando que la misma se hacía el día de los trabajadores, por ello esperé que los anuncios del gobernador dieran respuesta a los problemas y reclamos salariales y laborales de miles de Misioneros, que según las estadísticas más de la mitad de ellos se encuentra por debajo de la línea de pobreza, con situaciones de desocupación, subocupación y trabajo en negro que superan el 40 % de los mismos. El aumento de salarios a los empleados públicos y jubilados de la provincia de $ 150 significa de 3 a un 10 % del salario, por demás insuficiente ante la desvalorización de los salarios y el aumento de la inflación.Es cierto que se anunciaron obras públicas algunas importantes y otras no prioritarias ante la crisis social y económica, si hay dinero hay que garantizar un salario mínimo, y dejar obras no prioritarias como la del cerro Santa Ana.En cuanto a la Coparticipación el mismo Gobernador denuncia que hemos recibido 62 millones menos en lo que va del año, este es un reclamo que debemos hacerlo con fuerza, por la dignidad de nuestra provincia y la defensa de nuestro derechos; el Gobernador no puede resignar que se nos envíe menos coparticipación, sin dudas que falta firmeza en el reclamo.Es cierto que Misiones es la única provincia que experimenta con Energías alternativas, como la jatropha y que ninguna otra provincia quiere asumir este camino, pero también es cierto que existen energías alternativas ya probadas con el uso racional de la naturaleza como las micoturbinas y la biomasa desechos de aserraderos, para iniciar YA este camino.En lo productivo se apela a la agricultura familiar, pero esta no es la solución para el agro de misiones, ya que solo se benefician 3000 familias, el estado debe garantizar el precio de los productos como el de la yerba, y debe hacerlo como estado y con el Inym del cual es parte junto al estado nacional.No compartimos la preocupación del gobernador, por otorgar tarjetas magnéticas a las comunidades guaraníes y a su vez se rechaza la enmienda constitucional que les daría los verdaderos derechos a los pueblos originarios.Por lo tanto las respuestas que esperaba del gobernador deberían apuntar: a que a partir de mucho más dialogo real no declamativo como lo ha expresado nuevamente, con los sectores de la vida de la provincia se plantearan algunas soluciones a partir de un estado provincial más presente con los trabajadores y sus familias, con las pequeñas y medianas empresas, con avanzar en ponerle freno al monocultivo lo antes posible, para que la diversificación con tierras que -cada vez quedan menos- permita posibilidades de inclusión productiva y social a todos, con apoyo real para mejorar el precio de los productos madre (te, yerba mate, etc.).Con real actualización salarial, ya que en el último año y cuatro meses el costo de vida en la provincia se ha incrementado alrededor del 35% según el CeMuPro y otras organizaciones, con un mayor impulso a la educación pública y con medidas ante la crisis que apunten a la equidad.

Ante la crisis el diputado Mariano Díaz propone la creación del Consejo Económico y Social

Posadas (Prensa diputado Mariano Díaz).

El diputado provincial Mariano Díaz presentó un Proyecto de Ley para la creación del Consejo Económico y Social como organismo consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado Provincial en todas las áreas gubernamentales a fin de institucionalizar y garantizar la permanente participación de los diversos sectores de la sociedad misionera.
Entre los fundamentos de la Ley de creación del Consejo Económico y Social el diputado Mariano Díaz señala “ya he presentado en el año 2000 (que en ese momento se denominó “Consejo para el Trabajo y la Producción), y hoy vuelvo a poner a consideración de esta Cámara de Representantes, un proyecto que junto al valor de la concreción de un ámbito institucional para el consenso, apunta a formular un diseño institucional que articule la totalidad de los sectores económicos, sociales y políticos que componen nuestra realidad”.
“En el año 2000 lo planteamos centralmente como un ámbito a partir del cual defender la estabilidad” recordó Díaz y remarcó “pero hoy ante la profunda crisis internacional, que se ha transformado en Nacional y ha llegado a la provincia, el principal objetivo al presentar este proyecto es contar con un ámbito participativo en el cual, con mucha racionalidad, vayamos buscando los consensos necesarios que nos permitan superar este difícil momento que vivimos”.
En este sentido el legislador socialista fundamenta “entiendo que esto será posible a través del diálogo entre los diferentes sectores, atendiendo los reclamos y buscando en forma equitativa las soluciones que las tendremos que dar entre todos, asumiendo nuestra responsabilidad cada uno desde el lugar que nos corresponde, tratando de alcanzar un reparto más equitativo de los ingresos del estado provincial, y reclamando juntos una coparticipación mucho mas justa y con un verdadero sentido federal”.
En el mismo tono el diputado Mariano Díaz explica “la crisis financiera mundial, los conflictos que presentan los distintos sectores de la producción y el trabajo, la inseguridad, son todos problemas que requieren del aporte sectorial para poder arribar a soluciones que partan del consenso y que permitan diseñar con claridad el futuro de la política económica misionera, desactivar conflictos y fortalecer la confianza”.
Entre los objetivos de este Consejo están los de generar un ámbito de consenso y concertación en el que los diferentes sectores que conforman la provincia permitan, con racionalidad y responsabilidad, superar la actual crisis. Así también el Consejo debe ayudar a formular un proyecto de provincia que priorice la producción como generadora de trabajo ya que este es el que permite la vida comunitaria.
Para su funcionamiento el Consejo Económico y Social prevé consejeros que integren los distintos sectores: el sector trabajador (CGT y CTA), el empresario, el público (de las áreas de economía, salud, educación, trabajo, obras y servicios públicos y del agro y la producción). También representantes de empresas del estado o con participación estatal, representantes de la Universidad Nacional de Misiones de las diferentes unidades académicas de la provincia, representantes de la Policía Provincial, de Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional.
Asimismo contempla la participación de este Consejo de representantes de intereses diversos como ser: el sector cooperativo, asociaciones culturales y artísticas, asociaciones deportivas, del movimiento estudiantil universitario, entidades ecologistas, asociaciones de usuarios y consumidores, la comunidad aborigen, asociaciones vinculadas al género, universidades privadas, medios de comunicación, asociaciones gremiales profesionales y de las ONG de Misiones. También contempla la participación de los partidos políticos o de alianza electoral que tengan representación parlamentaria a nivel provincial.
Con la creación del Consejo Económico y Social no se cuestiona la representatividad de los organismos de gobierno sino que se pretende dar a los organismos existentes un cuerpo de consulta permanente en el que todos los sectores de la provincia de Misiones puedan hacer oír su voz.
“Hoy están dadas las condiciones para que los misioneros nos sentemos a elaborar, serena y concienzudamente, un proyecto de provincia que incluya a todos los misioneros y este proyecto que presento a consideración de la Cámara de Representantes, ha sido concebido como un aporte de aproximación a la efectiva realización de una democracia social participativa” comenta Díaz.
Finalmente el legislador provincial remarcó “para su elaboración se han tenido en cuenta los vastos antecedentes y experiencias existentes en la materia, tanto de nuestro país como del extranjero, procurando su más fiel adaptación a la realidad socioeconómica de nuestra provincia y a nuestra institucionalidad política”.

“El subsidio provincial no es la solución, sí defender la dignidad de los misioneros”

Postura del Diputado Díaz ante el subsidio eléctrico otorgado por la Provincia

Ante el anuncio del Gobierno Provincial de subsidiar los incrementos en el servicio de la energía eléctrica, el Diputado Provincial Mariano Díaz, sostuvo que “El subsidio provincial no es la solución, como sí lo es el defender la dignidad de los misioneros”, por esta razón dirigiéndose directamente al Gobernador de la Provincia y en su persona a todo el Gobierno Provincial manifestó, lo siguiente: “Señor Gobernador qué nos pasa, por qué para resolver una injusticia como es el tarifazo en la luz, lo hacemos con otra injusticia que es utilizar dinero de nuestros impuestos para subsidiar las tarifas, con lo que seguramente dejaremos de utilizar (10 millones) en tantas otras prioridades que está reclamando el pueblo misionero como salud, alimentación, mejores salarios, etc. etc… Por qué no lo hacemos reclamando nuestros propios derechos, exigiendo a la Nación que nos discrimina permanentemente y no nos otorga lo que genuinamente nos corresponde. Ellos deciden dejar de subsidiar tarifas de energías a algunas provincias y sectores a través de una resolución de la Secretaría de Energía, pero a la vez sacan otra resolución en la que dicen ‘los usuarios de la luz que no tengas gas natural y que estén bajo la órbita del Ente Regulador de Energía (ENRE) estarán eximidos de los aumentos tarifarios’, ellos son los usuarios de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de municipios de la provincia de Buenos Aires y otros. Pero para los que nunca tuvimos gas natural como las provincias del NEA, nada. Hasta cuando, Señor Gobernador, seguiremos sin reclamar por nuestros derechos, por nuestra dignidad. Hago mías las palabras del periodista Medina Méndez ‘indigna la falta de coraje de nuestra clase dirigente para defender el derecho de cada provincia’.
El pueblo reclamó y protestó a través de los medios; también lo hicieron las cámaras de comercio de la provincia y el Foro del Gas, el cual está integrado por una gran cantidad de organizaciones. De igual forma lo hicimos un grupo de diputados a través de un proyecto. Entonces, por qué Señor Gobernador, se utilizan los dineros del pueblo (impuestos) para el subsidio y no, con la fortaleza que da el reclamo de todo un pueblo, nos plantamos ante las Autoridades Nacionales, ante el sistema inmoral de este ‘Federalismo’ perverso.
Es hora de hacerlo, Señor Gobernador, todos lo acompañaremos. No nos conformemos con un gesto de buena voluntad como lo es el subsidio provincial, exijamos lo que nos corresponde, hagámoslo para defender nuestros derechos y nuestra dignidad.”

RECHAZO A LA CRIMINALIZACION Y JUDICIALIZACION DE PROTESTAS SOCIALES

Los Diputados Ricardo Biazzi, Mariano Díaz, Miguel López, Esteban Lozina, Miguel Molina y Gustavo Weirich mediante un comunicado de prensa manifestaron su contundente rechazo a toda forma de criminalización de la protesta social y judicialización de expresiones disidentes al oficialismo.

Frente a la persistente situación de ciudadanos y dirigentes sometidos a procesos judiciales (tabacaleros en Alem, tareferos en Montecarlo, docentes en Iguazú, miembros de comunidades originarias y de barrios carenciados de Posadas), por haber participado en actos de reclamo público asentados en la desatención de demandas económicas, sociales y laborales negligentemente insatisfechas, los Diputados Ricardo Biazzi, Mariano Díaz, Miguel López, Esteban Lozina, Miguel Molina y Gustavo Weirich reiteran, una vez más, su contundente rechazo a toda forma de criminalización de la protesta social y judicialización de expresiones disidentes al oficialismo.

La pretensión de colocar en el banquillo de los acusados a las víctimas de condiciones límite de exclusión social, que intentan reivindicar sus derechos legítimos ante la ausencia de respuestas institucionales adecuadas para atenderlas, lejos de crear canales insdispensables para restablecer condiciones de dignidad y paz social para todos los misioneros, bloquea las alternativas para resolverlos y mantiene inalterable el cuadro de postración de inmensos sectores pauperizados de la provincia.

DIPUTADO MARIANO DIAZ: Trabajamos para construir una Provincia y un País Distinto