El diputado provincial Mariano Díaz presentó el jueves a la Cámara de Representantes un proyecto de declaración en el que invoca la urgencia de convocar al Consejo Provincial del Salario Mínimo Vital y Móvil Estatal.
Díaz fundamentó que “desde el año 2004, el gobierno provincial no ha tenido la voluntad política de poner en funcionamiento la Ley 4133 que actualmente está en vigencia y determina como principal función del Consejo Provincial del Salario la de determinar periódicamente el salario mínimo” y agregó que “al integrarse por un representante de cada asociación sindical, unión o federación con personería gremial, es el ámbito de diálogo permanente para la resolución de los constantes conflictos que en relación al salario del empleado público se generan diariamente”.
Y es que desde hace varios años atrás el gobierno provincial realizó los aumentos en forma de adicionales generalmente no remunerativos ni bonificables, situación que se demuestra en los recibos de los sueldos de los trabajadores de la administración central donde el 78,8% del salario promedio es en negro, dejando los sueldos básicos en cifras que hoy resultan realmente lamentables.
El legislador socialista señaló que “la otra cuestión es que la inflación ya se ha comido el 19,5% de aumento –anunciado por el gobernador el 1 de mayo- que aún no se ha terminado de abonar, sólo se pagó el 10% y el resto se abonará recién en septiembre” y remarcó que “hoy más que nunca es necesario que se inicie un camino de diálogo con los trabajadores provinciales, superando los conflictos de individuales o sectoriales y que permita consensuar a futuro la evolución del salario de todos los trabajadores estatales, enmarcados en normas vigentes que regulan a nivel nacional las condiciones laborales y salariales del sector”.
De acuerdo a datos relevados por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMuPro), el incremento de la canasta elemental en el período de abril-agosto de 2008 alcanza al 11%, afectada básicamente por el rubro alimentos e higiene, siendo el costo de la misma en el mes de agosto de 1817,67 pesos.
Díaz fundamentó que “desde el año 2004, el gobierno provincial no ha tenido la voluntad política de poner en funcionamiento la Ley 4133 que actualmente está en vigencia y determina como principal función del Consejo Provincial del Salario la de determinar periódicamente el salario mínimo” y agregó que “al integrarse por un representante de cada asociación sindical, unión o federación con personería gremial, es el ámbito de diálogo permanente para la resolución de los constantes conflictos que en relación al salario del empleado público se generan diariamente”.
Y es que desde hace varios años atrás el gobierno provincial realizó los aumentos en forma de adicionales generalmente no remunerativos ni bonificables, situación que se demuestra en los recibos de los sueldos de los trabajadores de la administración central donde el 78,8% del salario promedio es en negro, dejando los sueldos básicos en cifras que hoy resultan realmente lamentables.
El legislador socialista señaló que “la otra cuestión es que la inflación ya se ha comido el 19,5% de aumento –anunciado por el gobernador el 1 de mayo- que aún no se ha terminado de abonar, sólo se pagó el 10% y el resto se abonará recién en septiembre” y remarcó que “hoy más que nunca es necesario que se inicie un camino de diálogo con los trabajadores provinciales, superando los conflictos de individuales o sectoriales y que permita consensuar a futuro la evolución del salario de todos los trabajadores estatales, enmarcados en normas vigentes que regulan a nivel nacional las condiciones laborales y salariales del sector”.
De acuerdo a datos relevados por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMuPro), el incremento de la canasta elemental en el período de abril-agosto de 2008 alcanza al 11%, afectada básicamente por el rubro alimentos e higiene, siendo el costo de la misma en el mes de agosto de 1817,67 pesos.
Para el diputado provincial “hay que optar por una actitud nueva alrededor de la recomposición salarial que promueva la participación de todos los gremios que tienen acción dentro de la provincia” y destacó que “todos ellos tienen derecho de participar en una recomposición salarial de manera responsable y ordenada, para lo cual se deben poner sobre la mesa de debate todos las cuentas públicas de ingresos y egresos provinciales de manera de lograr una armonía entre los justos reclamos de los trabajadores y el equilibrio presupuestario”.
“Es la oportunidad de que a través del diálogo y el consenso se elabore una propuesta salarial que coincida con la realidad que hoy viven los misioneros y que a su vez el presupuesto del Ejecutivo Provincial que está siendo analizado en esta Cámara contemple esa situación y se tienda a buscar la situación más cercana a todos los sectores”, señala el documento presentado.
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