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POSADAS- 12/12/2008
Piden informes sobre situación de pago a promotores de salud
Los Promotores de Salud cumplen un rol "fundamental" en la atención primaria, destacan
El diputado Mariano Díaz, tras recibir denuncias de quienes realizan acciones preventivas sanitarias vinculadas al pago de sus sueldos, solicitó al Estado un informe respecto de la "verdadera relación contractual existente con los mismos", si se cumple lo normado, y de no ser así, cuáles fueron las causas que lo motivaron.
Para el legislador, ante "la falta de información respecto de la relación del Estado Provincial con los que realizan públicamente las denuncias, se vuelve imprescindible solicitar al Poder Ejecutivo un informe sobre la situación laboral ya que es obligación del mismo cumplir con las normas vigentes".
Los denominados "promotores de salud", manifestaron que desde el año 2.005 más de mil trabajadores, perciben 330 pesos por realizar tareas de atención primaria para el Ministerio de Salud Pública de la Provincia en ámbitos rurales y urbanos; "esto no termina en la decadencia salarial, sino que además se trata de personas que no reciben sueldo anual complementario, ni cuentan con cobertura social. Los denunciantes sostienen que son obligados a trabajar más horas de las estipuladas en el Contrato de Locación de Servicios. Asimismo, que el contrato es renovado cada tres meses y exige al trabajador ser monotributista, lo que repercute en el pobre ingreso mensual", observó el diputado provincial.
En cuanto a la obligatoriedad de ser Monotributistas, Díaz sostuvo que "esto es grave porque se podría configurar como 'conducta antijurídica', fraude o simulación de la relación laboral de los afectados y, en consecuencia el Estado estaría incumpliendo leyes laborales vigentes. Si consideramos que el Estado es el que debiera controlar el cumplimiento de las normas y no infringirlas, esta situación es más grave aún", agregó.
Respecto de la cuestión de los montos percibidos por los trabajadores "esto también es verdaderamente preocupante, ya que los mismos perciben montos muy inferiores a los que podríamos considerar como salarios dignos", enfatizó Díaz.
La situación planteada por los promotores, además, originaría "serios costos económicos y jurídicos, en este caso al Estado Provincial, ya que debería enfrentar erogaciones mayores en futuras acciones legales encuadradas bajo la figura del trabajo en negro o no registrado. Por esta razón, también Díaz consideró fundamental que el Ejecutivo presente un informe. "En definitiva, se trata de cumplir con las leyes vigentes y que el Estado, que es el que tiene la responsabilidad de controlar a través de los Organismos competentes como el Ministerio de Trabajo y Empleo, el cumplimiento de las normas laborales, se abstenga de utilizar figuras cuya instrumentación pueda ser interpretada como una forma de eludir o simular una relación de trabajo", concluyó Díaz.
Los Promotores de Salud cumplen un rol "fundamental" en la atención primaria, destacan
El diputado Mariano Díaz, tras recibir denuncias de quienes realizan acciones preventivas sanitarias vinculadas al pago de sus sueldos, solicitó al Estado un informe respecto de la "verdadera relación contractual existente con los mismos", si se cumple lo normado, y de no ser así, cuáles fueron las causas que lo motivaron.
Para el legislador, ante "la falta de información respecto de la relación del Estado Provincial con los que realizan públicamente las denuncias, se vuelve imprescindible solicitar al Poder Ejecutivo un informe sobre la situación laboral ya que es obligación del mismo cumplir con las normas vigentes".
Los denominados "promotores de salud", manifestaron que desde el año 2.005 más de mil trabajadores, perciben 330 pesos por realizar tareas de atención primaria para el Ministerio de Salud Pública de la Provincia en ámbitos rurales y urbanos; "esto no termina en la decadencia salarial, sino que además se trata de personas que no reciben sueldo anual complementario, ni cuentan con cobertura social. Los denunciantes sostienen que son obligados a trabajar más horas de las estipuladas en el Contrato de Locación de Servicios. Asimismo, que el contrato es renovado cada tres meses y exige al trabajador ser monotributista, lo que repercute en el pobre ingreso mensual", observó el diputado provincial.
En cuanto a la obligatoriedad de ser Monotributistas, Díaz sostuvo que "esto es grave porque se podría configurar como 'conducta antijurídica', fraude o simulación de la relación laboral de los afectados y, en consecuencia el Estado estaría incumpliendo leyes laborales vigentes. Si consideramos que el Estado es el que debiera controlar el cumplimiento de las normas y no infringirlas, esta situación es más grave aún", agregó.
Respecto de la cuestión de los montos percibidos por los trabajadores "esto también es verdaderamente preocupante, ya que los mismos perciben montos muy inferiores a los que podríamos considerar como salarios dignos", enfatizó Díaz.
La situación planteada por los promotores, además, originaría "serios costos económicos y jurídicos, en este caso al Estado Provincial, ya que debería enfrentar erogaciones mayores en futuras acciones legales encuadradas bajo la figura del trabajo en negro o no registrado. Por esta razón, también Díaz consideró fundamental que el Ejecutivo presente un informe. "En definitiva, se trata de cumplir con las leyes vigentes y que el Estado, que es el que tiene la responsabilidad de controlar a través de los Organismos competentes como el Ministerio de Trabajo y Empleo, el cumplimiento de las normas laborales, se abstenga de utilizar figuras cuya instrumentación pueda ser interpretada como una forma de eludir o simular una relación de trabajo", concluyó Díaz.
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